La persistencia de personas desaparecidas en México refleja el incumplimiento de las autoridades en sus responsabilidades de búsqueda y acceso a la justicia, afirmó Alan García Campos, representante en el país de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH).
Durante un homenaje a las activistas Tita Radilla y María Herrera Magdaleno, realizado en el Centro de Negocios Costera 125, el funcionario sostuvo que la falta de resultados institucionales y la ausencia de acciones suficientes mantienen vigente la crisis, mientras miles de familias continúan exigiendo respuestas sobre el paradero de sus seres queridos.
En este contexto, anunció que el próximo 19 de diciembre se conmemorará por primera vez el Día Internacional de las Mujeres Buscadoras, establecido mediante una proclamación de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Esta fecha busca reconocer la labor, el liderazgo y la organización de quienes dedican sus esfuerzos a localizar a personas desaparecidas y combatir la impunidad.
Al referirse a los obstáculos que enfrentan, García Campos reconoció que las mujeres buscadoras desempeñan una labor fundamental como defensoras de derechos humanos y promotoras de paz, pese a estar expuestas a amenazas, hostigamiento, indiferencia de las instituciones y dificultades burocráticas.
Como parte del reconocimiento a su trayectoria, destacó la lucha de Tita Radilla, quien llevó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos el caso de la desaparición forzada de su padre, Rosendo Radilla Pacheco. Su perseverancia permitió obtener una sentencia condenatoria contra el Estado mexicano por este caso.
Por otra parte, resaltó la contribución de María Herrera Magdaleno para impulsar el reconocimiento de la competencia del Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada por parte de México, lo que abrió la posibilidad de recibir denuncias individuales, además de favorecer la visita de este organismo internacional al país.
Finalmente, el representante de la ONU-DH señaló que el legado de ambas activistas demuestra que ninguna desaparición debe considerarse aceptable y que las autoridades tienen una responsabilidad permanente: localizar a todas las víctimas, esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten la justicia.





