Autoridades mexicanas y organizaciones civiles activan estrategias de atención ante el posible retorno de migrantes en 2025.
A pocos días de que Donald Trump asuma nuevamente la presidencia de Estados Unidos, las entidades de la frontera norte de México están implementando medidas para enfrentar el posible aumento en las deportaciones de migrantes.
Las acciones contemplan desde la habilitación de albergues hasta estrategias para ofrecer oportunidades laborales a los repatriados.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, se ha evaluado la posibilidad de utilizar estadios deportivos para recibir a las personas que sean retornadas.
Mientras tanto, en Tamaulipas, autoridades y organizaciones no gubernamentales advierten sobre el riesgo de saturación en los albergues y un posible incremento en el número de secuestros vinculados al crimen organizado.
El estado de Nuevo León ha comenzado a fortalecer las casas de atención a migrantes, buscando no solo ofrecer refugio, sino también opciones de empleo para quienes sean deportados.
En Coahuila, se abrirán cuatro albergues con capacidad para atender a hasta siete mil personas, priorizando a ciudadanos mexicanos.
Por su parte, el gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, informó que en Ciudad Victoria se han habilitado instalaciones específicas con capacidad inicial para 125 personas, que podría ampliarse a 200 si fuera necesario.
En todos los albergues, se tiene previsto brindar atención médica, psicológica, alimentación y apoyo laboral a los retornados.
Líderes de organizaciones civiles y autoridades locales han señalado que, si las deportaciones ocurren en volúmenes moderados, «los estados estarán en condiciones de responder adecuadamente».
Sin embargo, advierten que si las expulsiones son masivas, podría haber complicaciones para garantizar una atención integral a los migrantes.
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