Con el objetivo de fortalecer las reglas de participación política y homologar la legislación estatal con las recientes modificaciones federales, el Congreso de Guerrero aprobó una reforma electoral que elimina la reelección consecutiva y establece medidas contra el nepotismo, disposiciones que entrarán en vigor a partir del proceso electoral de 2030.
Entre las principales adecuaciones destaca la prohibición para que diputados locales y autoridades municipales puedan reelegirse de manera inmediata. Asimismo, se impide que familiares directos de funcionarios de elección popular participen como candidatos para sucederlos de forma consecutiva en el cargo.
Como parte de los cambios aprobados, también se redefinió la integración de los ayuntamientos guerrerenses, los cuales estarán conformados por una sindicatura y un máximo de 15 regidurías, dependiendo de la cantidad de habitantes de cada municipio.
En materia de igualdad sustantiva, la reforma incorpora mecanismos orientados a garantizar la paridad de género tanto vertical como horizontal en la conformación de los gobiernos municipales, fortaleciendo la participación de las mujeres en espacios de representación política.
De igual forma, se estableció una acción afirmativa que permitirá impulsar de manera gradual la llegada de mujeres a las alcaldías en municipios donde históricamente no han ocupado la presidencia municipal. La medida contempla que en 20 demarcaciones se postulen exclusivamente candidatas mujeres.
Para la elección de 2026-2027, esta disposición se aplicará en municipios como Atlamajalcingo del Monte, Xochihuehuetlán, Tlacoapa, Zapotitlán Tablas, Igualapa, Coahuayutla y Mochitlán, entre otros contemplados dentro de esta estrategia de inclusión política.
La reforma también amplía las acciones afirmativas dirigidas a sectores históricamente subrepresentados, garantizando espacios para personas indígenas, afromexicanas y con discapacidad dentro de las candidaturas y listas de representación proporcional.
De acuerdo con el dictamen avalado por el Poder Legislativo, las modificaciones buscan otorgar mayor certeza jurídica a los procesos electorales, además de evitar discrepancias entre el marco legal estatal y las reformas constitucionales impulsadas a nivel nacional.
