Las fracciones parlamentarias de Morena, PRI y Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en el Congreso de Guerrero coincidieron en que se deben esperar los resultados de la investigación que realiza la Fiscalía General del Estado (FGE) por el presunto cobro irregular de 51 cheques, antes de hablar de un desfalco o atribuir responsabilidades.
El caso salió a la luz durante la segunda semana de septiembre, luego de que se informó que la Fiscalía investiga a ocho trabajadores del Poder Legislativo por su posible relación con el cobro de los documentos. Como parte de las indagatorias, la FGE solicitó información sobre sus cargos, expedientes laborales y otros documentos relacionados con los pagos.
Entre las personas requeridas se encuentran Esli Joanan Navarrete Cisneros, Héctor Áviles Cruz, Brian Luna Aguirre, José Ángel Rómulo Hernández, Erick Chaves Medina, Alex Cepeco Justo, Jorge Antonio Solís Ocaña y Samir Robles Estrada.
Las autoridades buscan establecer quién autorizó la expedición de los 51 cheques, bajo qué concepto fueron emitidos y quién realizó los cobros. También se investiga si, entre enero y junio de este año, algunos documentos fueron expedidos a nombre de la diputada de Morena, Guadalupe García Villalba, y posteriormente cobrados por alguno de los ocho trabajadores señalados.
El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y coordinador de Morena, Joaquín Badillo Escamilla, llamó a no emitir conclusiones anticipadas y sostuvo que, mientras no exista una resolución de las autoridades competentes, no puede asegurarse que haya ocurrido un desfalco ni señalarse a responsables.
“Cualquier responsabilidad o irregularidad detectada va a ser de los órganos competentes de determinación; mientras tanto, no puede haber responsables de absolutamente nada”, afirmó.
Además, Badillo Escamilla pidió responsabilidad en la difusión del caso y aseguró que Morena y la Jucopo respaldan cualquier revisión que permita aclarar el manejo de los recursos del Congreso. Consideró que sería irresponsable utilizar calificativos sobre hechos que todavía no han sido confirmados por una autoridad.
Desde el Partido Verde, el diputado local y dirigente estatal, Alejandro Carabias Icaza, confirmó que la investigación surgió a partir de una denuncia y que la Fiscalía ya requirió información al Congreso para avanzar en las indagatorias.
“En este momento estamos en un presunto; no podemos dar por hecho que esto ocurrió hasta que la autoridad investigadora así lo determine”, sostuvo.
Carabias Icaza agregó que algunos legisladores comenzaron a solicitar información para conocer si existen cheques u otros documentos emitidos a su nombre que no reconozcan, con el objetivo de verificar si pudieran estar relacionados con la investigación.
Por su parte, el dirigente estatal del PRI y diputado local, Alejandro Bravo Abarca, informó que su bancada solicitó una reunión con la Jucopo para recibir un informe detallado sobre el caso y conocer si alguno de sus legisladores aparece vinculado con los cheques que son investigados.
“Estoy esperando que nos den la información, ver la información real para no irme con lo que se dice por ahí y ver si hay diputados del PRI involucrados. Esperemos que no”, expresó.
El legislador priista estimó que la reunión podría llevarse a cabo la próxima semana, debido a que el caso comenzó a conocerse apenas entre martes y miércoles.
En tanto, el dirigente estatal de Morena, Jacinto González Varona, advirtió que, si la investigación confirma un cobro fraudulento y se determina la responsabilidad de militantes de su partido, se aplicarían las medidas internas correspondientes, incluida una posible expulsión.
