Con un despliegue de más de mil elementos de seguridad, fuerzas federales y estatales reforzaron la vigilancia en el municipio de Chilapa de Álvarez para proteger a las familias desplazadas que permanecen refugiadas en las comunidades de Alcozacán y Coatzingo, tras los recientes hechos de violencia registrados en la región.
A través de un comunicado, el gobierno estatal informó que, en coordinación con el Gobierno de México, se mantendrá presencia permanente y atención integral en las localidades que conforman el corredor comunitario de Chilapa, con el objetivo de restablecer las condiciones de seguridad, garantizar la estabilidad social y brindar protección a la población afectada.
Como parte del operativo, las autoridades desplegaron mil 290 elementos de distintas corporaciones, además de 164 vehículos, cinco aeronaves y dos ambulancias para reforzar las tareas de vigilancia y atención en la zona serrana.
El dispositivo contempla la participación de 690 elementos del Ejército Mexicano con 80 vehículos, 400 efectivos de la Guardia Nacional con 50 unidades y 200 policías estatales apoyados con 34 patrullas, quienes mantendrán recorridos y acciones de vigilancia en las comunidades afectadas.
Las autoridades estatales también señalaron que fueron retirados los bloqueos instalados en el corredor comunitario, mediante acciones enfocadas en la conciliación y la protección de la población civil, aunque no se precisó quiénes colocaron dichas obstrucciones.
En atención a las familias desplazadas, el gobierno informó que se entregaron cobertores, insumos básicos y generadores de energía eléctrica, además de que personal de la Comisión Federal de Electricidad trabaja para restablecer el servicio en las localidades de Tula, Xicotlán, Acahuehuetlán y Alcozacán.
De igual forma, se llevaron a cabo reuniones con autoridades comunitarias y comisarios de Rincón de Chautla, Acahuehuetlán y Buenavista, como parte de las acciones orientadas a recuperar la tranquilidad y fortalecer las condiciones de paz en la región.
El reforzamiento de seguridad ocurre seis días después de que habitantes denunciaran ataques armados contra viviendas desde zonas serranas del municipio de Chilapa de Álvarez, hechos que provocaron temor y el desplazamiento temporal de varias familias.
