La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) decidió atraer el caso de cinco integrantes de la Policía Comunitaria de Xalpatláhuac, Guerrero, detenidos en febrero de 2025 por elementos de la Guardia Nacional cuando trasladaban a un hombre lesionado al Hospital General de Tlapa.
El asunto llegó al máximo tribunal del país después de que los implicados fueran vinculados a proceso y agotaran las instancias legales correspondientes. La Corte determinó su atracción al considerar que se trata de un tema de relevancia constitucional relacionado con los derechos de libre determinación y autonomía de los pueblos indígenas, así como con el reconocimiento de sus sistemas de seguridad y justicia.
El director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, Abel Barrera Hernández, señaló que la revisión del caso podría convertirse en un precedente importante para los pueblos originarios. Explicó que los policías comunitarios realizaban una comisión avalada por la asamblea comunitaria y portaban armas asignadas por su propio sistema de seguridad cuando fueron detenidos, desarmados y trasladados al penal de Acapulco.
Barrera Hernández recordó que la Policía Comunitaria surgió como una respuesta organizada de los pueblos Me phaa, Ñu savi, nahuas y afromexicanos frente a la violencia en sus territorios, dando origen a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias–Policía Comunitaria (CRAC-PC). Actualmente, este sistema opera en más de 130 comunidades de la Montaña Alta y la Costa Chica de Guerrero, con seis casas de justicia y más de tres décadas de funcionamiento.
El Centro de Derechos Humanos Tlachinollan consideró que la resolución que emita la SCJN podría contribuir a evitar la criminalización de las policías comunitarias y fortalecer el reconocimiento del pluralismo jurídico y la jurisdicción indígena establecidos en el artículo 2 de la Constitución.
De acuerdo con la organización, los cinco detenidos realizaban un traslado de carácter humanitario, por lo que confían en que la resolución del máximo tribunal establezca criterios claros sobre la actuación de los sistemas comunitarios de seguridad en el país.
