En Guerrero, donde las mujeres son vendidas desde los siete años, obligadas a matrimonios forzados y a parir desde los nueve o violadas con impunidad bajo el régimen de usos y costumbres, en los próximos días podrían lograr que el Congreso despenalice el aborto para que decidan sobre su cuerpo de forma libre, segura y gratuita. La criminalización de las mujeres que incluso sufren delitos y deciden no aceptar un embarazo desde la adolescencia o la niñez, las ha llevado a buscar alternativas con clínicas clandestinas, ingiriendo productos químicos utilizados en el campo o incluso, a encontrar en el suicidio una opción.
Aunque este miércoles estaba prevista la votación para despenalizar el aborto en la entidad, a poco menos de 24 horas de la convocatoria, el Congreso decidió suspender la sesión para la próxima semana. Con la aclaración de que, si bien el PRI que se resiste a esta iniciativa solicitó más tiempo para analizarla, legalmente no existe posibilidad alguna para no continuar con el proceso, que incluso ya tiene mayoría con los votos de la izquierda. “Entre más se retrase esta discusión, son más mujeres muriendo en clínicas clandestinas o en sus casas realizándose un aborto con métodos que no son seguros”, advirtieron las colectivas feministas.
El Congreso de Guerrero está en desacato desde hace 15 años, periodo en el que distintas autoridades estatales y federales le han ordenado votar esta iniciativa ante la doble alerta de género, impuesta en algunos municipios de la entidad por las agravantes que viven las mujeres aquí: violaciones, abusos sexuales, pago por niñas y matrimonios forzados. “El dictamen por primera vez salió de la Comisión de Justicia, nunca había podido llegar al pleno. Por más de 15 años, las visiones machistas y la misoginia no han permitido avanzar en los derechos de las mujeres aquí en nuestro estado, pero hoy tenemos otra circunstancia, tenemos una legislatura paritaria, una legislatura que está a favor de avanzar en los derechos de las mujeres y esperamos que eso que en el discurso se ha dicho, en los hechos se concrete este próximo miércoles”, decía la diputada de Morena y promotora de esta iniciativa, Beatriz Mojica anticipando que no habría razón para posponer la votación. Y ante los llamados de rechazo de la iglesia, la diputada aclara que es mentira que esta iniciativa “obligue a las mujeres a abortar” y pide al resto de las y los legisladores, que al votar “no permitamos impere el estado eclesiástico y no el estado laico”, la moral y las creencias, antes que los derechos de las mujeres.
Los testimonios de las mujeres que las colectivas han ayudado en momentos de emergencia o de las que han recabado testimonios fatales ante la desesperación de no querer ser madres, son incontables y cada vez más desgarradores. Viridiana Gutiérrez, coordinadora del Observatorio Ciudadano de Violencias en Guerrero, es la principal promotora de esta lucha, cuenta que en los cinco años que tienen acompañando a víctimas de violencia sexual, los testimonios siempre exhiben un problema de sistema, resistencias institucionales para ayudar a las mujeres incluso por encima de las leyes. “Hay casos emblemáticos y completamente dolorosos. Una chica de 16 años fue violada por su vecino y tuvo varios intentos de suicido. Fuimos y le dijimos a la agente del Ministerio Público que era la decisión de la chica interrumpir el embarazo, fue tan revelador para nosotras que revisara en ese momento el Código Penal, para saber que era parte de los derechos de la chica por supuesto, no se aplica el Código por el desconocimiento de muchas funcionarias”. Además, las agentes del Ministerio Público comenzaron a ejercer violencia psicológica diciéndole que estaba asesinando a su hijo, y cuando finalmente lograron que la Secretaría de Salud programara el aborto por tratarse de una violación como lo autoriza la ley, la revictimización continuó “todo el hospital sabía que la chica había abortado, no fue a parar a la cárcel, pero finalmente la acusaban de haber decidido”.
En otros casos el mismo sistema de salud “les niegan este acceso, les mienten diciendo que es muy peligroso, que van a quedar estériles, que ya no van a poder tener hijos, les meten miedo para que desistan de esta decisión”. En Guerrero, el 66.4 por ciento de las mujeres viven en pobreza y el 22.5 por ciento en pobreza extrema, en los primeros nueve meses de 2020 tres mil 81 niñas y adolescentes de entre nueve y 17 años se convirtieron en madres. De 2018 a 2020 las muertes maternas aumentaron en un 104.4 por ciento y de las mil 102 denuncias presentadas pro violación de 2016 a 2019, sólo en 25 se les permitió ejercer el derecho al aborto como lo indican las leyes. Aunque las guerrerenses saben que están a muy poco de lograr que Guerrero sea la octava entidad en el país en dejar de criminalizar a las mujeres por decidir sobre su cuerpo, advierten que la deuda de las autoridades tiene un largo camino por saldar. “Que se despenalice no significa que se van a solucionar todos los problemas, están todos los pendientes que van a quedar en el sector salud porque va a haber personas que se siguen negando, va a haber falta de medicamentos, va a haber falta de insumos como siempre”, pero confían en que con este primer paso y pese a las resistencias de la iglesia católica y los grupos de derecha, puedan vivir cada vez más libres y con justicia.
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