El líder venezolano acusa a la plataforma de incitar al odio mientras Estados Unidos advierte sobre las consecuencias de arrestar a líderes opositores.
Nicolás Maduro, en su continuo esfuerzo por suprimir las voces disidentes en Venezuela, ordenó este jueves la suspensión temporal de la red social X, previamente conocida como Twitter. Según el mandatario, la empresa propiedad del magnate sudafricano Elon Musk tiene un plazo de 10 días para presentar los «recaudos» necesarios ante las autoridades venezolanas.
Maduro acusa a X de incitar al odio y la violencia
Durante un acto público, Maduro acusó a la red social X de violar tanto las normas internas de la plataforma como las leyes venezolanas. «La red social que se llamaba Twitter es de Elon Musk y ha violado todas las normas de la propia red social. X ha incitado al odio, al fascismo, a la guerra civil, a la muerte, al enfrentamiento de los venezolanos», aseguró el líder venezolano. En este contexto, Maduro justificó la decisión de suspender X, señalando que la empresa «ha violado todas las leyes de Venezuela y en Venezuela hay ley, y vamos a hacer respetar la ley».
El mandatario afirmó haber firmado un acuerdo con la Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la cual propuso la medida. «Por eso he firmado un punto de cuenta con la propuesta hecha por Conatel, quien ha decidido sacar la red social X durante diez días de circulación en Venezuela», explicó.
La comunidad internacional advierte sobre la represión en Venezuela
En paralelo a esta medida, el embajador de Estados Unidos ante la Organización de Estados Americanos (OEA), Francisco Mora, emitió una advertencia contundente a Maduro. Durante un evento en el Atlantic Council, un influyente centro de reflexión en Washington, Mora afirmó que si el régimen venezolano procede con el arresto de los líderes opositores María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, enfrentará una presión internacional sin precedentes.
«Si Maduro decide hacer eso, activará a la comunidad internacional en formas que él no podría imaginarse», señaló el embajador. Mora subrayó que un movimiento de esta magnitud movilizaría incluso a aquellos países que han mostrado simpatía hacia el régimen venezolano, resaltando que «sus esfuerzos por fracturar y dividir a la comunidad internacional habrán fracasado rotundamente».
El embajador también insinuó que Estados Unidos podría presentar una resolución fuerte en la OEA si se concretan los arrestos, lo que incrementaría la presión sobre el gobierno de Maduro.
Crece la controversia electoral en Venezuela
La situación en Venezuela se ha vuelto aún más tensa tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, en las que la oposición, liderada por González Urrutia, denuncia un fraude masivo. A pesar de las acusaciones y pruebas presentadas por la oposición, el régimen de Maduro insiste en que su victoria fue legítima y ha solicitado la certificación de los resultados por parte de la Sala Electoral del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), organismo ampliamente criticado por su cercanía al chavismo.
La oposición, por su parte, ha publicado en un sitio web copias de más del 80% de las actas de votación que, según ellos, demuestran la victoria de González Urrutia. Sin embargo, el chavismo ha desestimado la validez de estos documentos.
La comunidad internacional pide transparencia en Venezuela
La comunidad internacional, incluyendo a Estados Unidos, la Unión Europea y varios países de América Latina, como Argentina, Perú, Ecuador y Uruguay, ha expresado su apoyo a la oposición venezolana. Incluso aliados tradicionales de Maduro, como Brasil, han solicitado la divulgación de los resultados completos de las mesas de votación por parte del Consejo Nacional Electoral (CNE), en lugar de depender únicamente del TSJ.
Los presidentes de Brasil, Colombia y México han emitido un comunicado conjunto en el que exigen la presentación transparente de los resultados electorales y piden a las fuerzas políticas y sociales de Venezuela que actúen con moderación. En su declaración, subrayaron la importancia del respeto a los derechos humanos y la necesidad de que las fuerzas de seguridad permitan el pleno ejercicio de los derechos democráticos.
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