Los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa mantendrán su exigencia para conocer la verdad y seguirán exigiendo justicia ante la evidente falta de respuesta por parte de las autoridades ante este caso que desde 2014 sucedió y no han podido esclarecer el paradero de los normalistas.
Dentro de la asamblea organizativa que tuvieron ayer en la Normal de Ayotzinapa, en donde se tuvo la presencia de los padres, así como de los organizaciones adherentes a su movimiento determinaron seguir la lucha y exigir una investigación clara y puntual de la participación del Ejército en los hechos del 26 y 27 de septiembre de 2014.
Los padres de los normalistas han señalado que esclarezcan y expliquen la participación de los militares, ya que existen evidencias claras de que el Ejército tuvo responsabilidad por acción y omisión.
Dieron a conocer además que en 2022 el proceso se detuvo, cuando se procesó a 20 militares y señalaron en esta asamblea que “desde ese momento inició una situación de tensión con el presidente. La Comisión para la Verdad y el Accesos a la Justicia (CoVAJ) y la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa (UEILCA) que fueron desmantelados y sus titulares renunciaron en medio de las presiones y hostigamiento militar”; así como de la “prueba de ello es que el propio Alejandro Encinas ha sido citado para ser interrogado por los militares ante el silencio del presidente”.
Explicaron además que aún se mantienen diversas líneas de investigación y que están pendientes y enlistadas, como la situación de los 17 estudiantes sacados de barandilla municipal; y que estos estudiantes fueron ingresados al 27 Batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos, así como las extradiciones de Tomás Zerón y José Ulises Bernabé, que permanecen sin impulso ni avances.
Ante esto, el abogado de los padres de los 43 normalistas Vidulfo Rosales Sierra, dijo que sobre la participación del Ejército se tiene elementos de prueba contundentes.
Dentro de las pruebas que los padres tienen es que un soldado fue infiltrado en la Normal de Ayotzinapa, de estos hechos hay documentos militares en los que se expresa la aprobación del elemento y que tenía que ser incorporado al área de contrainteligencia y que su inmediato superior informó de su desaparición el día 29 de septiembre de 2014.
También tienen las pruebas que otro de los militares estuvieron informando a sus superiores de lo que ocurría en la ciudad universitaria; así como saber que intervinieron llamadas de los perpetradores y en estas llamadas hay información de los 17 estudiantes al momento que los trasladaron a la barandilla municipal.
En esta asamblea externaron que “varios datos de prueba establecen que mandos militares del 27 batallón tenían vínculos delictivos con el grupo delictivo Guerreros Unidos. Además de que un testigo protegido declaró que varios estudiantes fueron detenidos por los militares, ingresados al 27batallón y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos”.
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