La meta de 300,000 millones de dólares anuales divide opiniones entre países ricos y vulnerables.
Las naciones reunidas en la cumbre climática COP29, celebrada en Bakú, Azerbaiyán, alcanzaron un acuerdo clave el pasado domingo para establecer un fondo anual de 300,000 millones de dólares destinado a mitigar los efectos del cambio climático en los países más vulnerables. Este nuevo compromiso busca reemplazar el objetivo anterior de 100,000 millones de dólares anuales, una meta cumplida en 2022, pero con un retraso de dos años, y que expirará en 2025.
El acuerdo, sin embargo, no ha estado exento de polémica, ya que reflejó profundas divisiones entre las delegaciones de las naciones industrializadas y los países en vías de desarrollo.
Un fondo ambicioso, pero ¿suficiente?
El pacto estipula que las naciones desarrolladas asumirán la mayor parte del financiamiento, reconociendo su responsabilidad histórica en las emisiones de gases de efecto invernadero que han acelerado el cambio climático. No obstante, las negociaciones estuvieron marcadas por tensas discusiones que obligaron a extender la cumbre, prevista inicialmente para concluir el viernes.
Los representantes de países en desarrollo, especialmente de las naciones más pobres y de estados insulares vulnerables al aumento del nivel del mar, criticaron duramente el acuerdo. Según ellos, la cifra propuesta sigue siendo insuficiente para abordar las crecientes crisis climáticas que enfrentan. Durante las negociaciones, algunos delegados llegaron incluso a protestar contra lo que consideraron intentos de las naciones ricas por diluir sus responsabilidades financieras y éticas.
Críticas y apoyo: reacciones encontradas
Una de las críticas más duras provino de Chandni Raina, representante de la India, quien calificó el acuerdo como una «ilusión óptica». Según Raina, «este documento no aborda la magnitud del desafío al que todos nos enfrentamos». India, junto con otros países en desarrollo, expresó su oposición al acuerdo final, señalando que carece de los recursos y medidas necesarias para enfrentar las devastadoras consecuencias de fenómenos como tormentas, sequías e inundaciones.
Por otro lado, el secretario ejecutivo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), Simon Stiell, defendió el acuerdo, describiéndolo como una «póliza de seguros para la humanidad». En su intervención, destacó que este pacto no solo protegerá vidas, sino que también impulsará empleos, un crecimiento económico más sólido y el acceso a energía más limpia y asequible.
Responsabilidad histórica y un camino incierto
El debate sobre la responsabilidad histórica de los países industrializados fue uno de los puntos álgidos de las negociaciones. Desde hace años, las naciones más pobres han exigido mayores compromisos de las economías desarrolladas, argumentando que estas son las principales responsables de las emisiones acumuladas de gases de efecto invernadero, mientras que los países vulnerables sufren desproporcionadamente sus consecuencias.
Sin embargo, a pesar de las buenas intenciones plasmadas en el acuerdo, el cumplimiento efectivo de estos compromisos sigue siendo una preocupación central. Los antecedentes del objetivo de 100,000 millones de dólares, alcanzado con retraso y con cierta resistencia, dejan dudas sobre la viabilidad de este nuevo plan más ambicioso.
¿Un punto de inflexión o una oportunidad perdida?
Aunque el acuerdo de Bakú es un paso adelante en términos de ambición financiera, aún queda por ver si se traducirá en acciones concretas y suficientes para enfrentar la magnitud de la crisis climática. A medida que los efectos del cambio climático se vuelven más devastadores, los países en desarrollo seguirán presionando para garantizar que las promesas hechas en escenarios internacionales se conviertan en realidades tangibles.
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